Cuando el fin pretende justificar los medios

La violencia callejera, la doble vara de medir y el peligro de acostumbrarnos a la erosión de los principios del Estado de derecho.

Las imágenes de los actos vandálicos que estamos viendo estos días en distintas ciudades de España evocan inevitablemente otros episodios que forman parte de nuestra memoria colectiva. Para quienes vivimos con preocupación los acontecimientos de octubre de 2017 en Cataluña, resulta imposible olvidar aquella imagen de los líderes de las organizaciones independentistas subidos a un vehículo destrozado de la Guardia Civil, arengando a las masas en medio de un clima de hostilidad que puso en grave riesgo la seguridad de los agentes y el normal desarrollo de la convivencia.

La comparación entre ambos acontecimientos no pretende equiparar sus causas, sus reivindicaciones ni sus circunstancias. Sería absurdo ignorar las diferencias que los separan. La analogía se encuentra en otro lugar: en la semejanza de unas conductas que, bajo distintas banderas y con diferentes motivaciones, recurren a la violencia, los enfrentamientos, los incendios, los destrozos y la intimidación para imponer una determinada voluntad.

Y es precisamente ahí donde debería situarse nuestra preocupación. Porque, más allá de quiénes sean los protagonistas, de las razones que invoquen o de la legitimidad que atribuyan a sus reivindicaciones, hay una cuestión que no admite demasiadas interpretaciones: ninguna causa, por legítima que se considere, puede justificar la violencia ni convertir la vulneración de los derechos ajenos en un instrumento aceptable para alcanzar un objetivo.

La peligrosa normalización de la violencia

Vivimos tiempos en los que parece que cada vez resulta más difícil distinguir entre la legítima discrepancia y la intolerancia, entre el ejercicio de la libertad y el intento de silenciar al adversario. Nos estamos acostumbrando a contemplar imágenes de calles incendiadas, mobiliario urbano destruido, agentes atacados y ciudadanos sometidos a situaciones de inseguridad como si todo ello formara parte inevitable del paisaje político y social.

Lo verdaderamente preocupante no es solo la violencia en sí misma, sino la facilidad con la que podemos llegar a normalizarla.

¿Nos estamos dando cuenta de que, cuando aceptamos que la fuerza sustituya a la razón, estamos debilitando algunos de los pilares fundamentales de nuestro Estado de derecho? ¿Somos conscientes de que, cuando se impide por la intimidación que otros ciudadanos expresen libremente sus ideas, no estamos ante una simple protesta, sino ante un ataque directo a las libertades que sustentan nuestra convivencia democrática?

Una democracia no se mide únicamente por la posibilidad de votar cada cierto tiempo. Se mide también por la capacidad de garantizar que cualquier ciudadano, con independencia de sus ideas, pueda expresarse sin miedo, defender sus propuestas y discrepar de quienes piensan de manera diferente.

Por eso resulta tan difícil comprender que determinados colectivos sociales o políticos se muestren ambiguos a la hora de condenar estos comportamientos o que, en ocasiones, lleguen a justificarlos e incluso a celebrarlos cuando sus consecuencias perjudican a quienes consideran adversarios.

La libertad de expresión no consiste en poder gritar más fuerte que los demás, sino en garantizar que todos puedan expresarse sin miedo a ser silenciados por la fuerza. Teniendo en cuenta, además, que escuchar al que discrepa es de inteligentes.

El precedente que alimenta la desconfianza

Es inevitable que, al contemplar estos acontecimientos, algunos ciudadanos recuerden lo sucedido en Cataluña y se pregunten si estamos aprendiendo algo de nuestra historia reciente.

Los indultos concedidos a los condenados por el procés y la posterior aprobación de la Ley Orgánica de amnistía para determinados actos relacionados con aquel proceso independentista han alimentado un intenso debate político, jurídico y social. Son decisiones diferentes, con fundamentos y alcances distintos, pero ambas han suscitado interrogantes sobre los límites de la respuesta del Estado ante determinadas actuaciones políticas y sobre la percepción de igualdad ante la ley.

No se trata de afirmar que aquellas decisiones impliquen que cualquier acto vandálico vaya a quedar impune. Sería una conclusión precipitada y jurídicamente incorrecta. Se trata de advertir de otro peligro: cuando una parte de la sociedad percibe que la responsabilidad por determinadas conductas depende más de la conveniencia política que de la aplicación coherente de la ley, la confianza en las instituciones se resiente.

Y esa confianza, una vez deteriorada, resulta difícil de recuperar.

De ahí nace una pregunta incómoda, pero legítima: ¿qué mensaje estamos transmitiendo cuando determinados comportamientos que en otros contextos merecerían una condena unánime terminan siendo objeto de justificaciones, negociaciones o cálculos políticos?

La respuesta institucional ante la violencia debe ser firme, proporcionada y ajustada a derecho. Ni la impunidad ni la arbitrariedad pueden constituir el fundamento de una democracia sólida.

El fin no justifica los medios

Llegamos así a la cuestión que, a mi juicio, debería presidir cualquier reflexión sobre estos acontecimientos.

No pretendo entrar en el debate de quién lanzó la primera piedra, quién prendió fuego al primer contenedor o quién pudo promover, alentar o inducir determinados comportamientos. Esas cuestiones deben esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes y, cuando proceda, resolverse en los tribunales con todas las garantías.

Mi preocupación es otra: que terminemos aceptando que la finalidad perseguida pueda servir para justificar los medios empleados para alcanzarla.

Si se admite que la violencia es tolerable cuando se invoca una causa política, social o ideológica, ¿qué impedirá que otros recurran a ella para defender sus propias convicciones? Si aceptamos que la intimidación es legítima cuando se dirige contra quienes no piensan como nosotros, ¿con qué autoridad moral podremos exigir después respeto para nuestras propias libertades?

La respuesta no puede depender de las circunstancias ni de la identidad de quienes protagonizan los hechos.

El principio de que el fin no justifica los medios constituye una exigencia ética fundamental, aunque no sea una fórmula literal recogida como tal en la Constitución Española. Su contenido encuentra reflejo en los valores y principios constitucionales, en el sometimiento de todos a la ley y al derecho, y en la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Nuestra Carta Magna no ampara una libertad que permita destruir la de los demás, ni una reivindicación que autorice a imponer por la fuerza aquello que no se consigue mediante los cauces democráticos.

Porque el Estado de derecho no consiste en que la ley se aplique únicamente cuando nos conviene, sino en aceptar que sus límites también nos obligan cuando entran en conflicto con nuestros intereses, nuestras ideas o nuestras aspiraciones.

Y esa obligación alcanza a todos: ciudadanos, organizaciones, representantes políticos e instituciones.

Todavía estamos a tiempo

Quizá el mayor peligro no sea únicamente la violencia de quienes destrozan, incendian o agreden, sino también la indiferencia de quienes contemplan esos comportamientos como algo inevitable, la tibieza de quienes deberían condenarlos sin reservas y la tentación de quienes creen que siempre existe una buena razón para justificar a los propios.

Pero identificar estos riesgos no es suficiente. También debemos preguntarnos qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que determinados comportamientos se perpetúen y que la falta de coherencia entre los principios proclamados y las actuaciones de quienes nos representan termine convirtiéndose en una práctica asumida.

Nuestra Constitución establece en su artículo 1.2 que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». No es una declaración retórica, sino uno de los fundamentos de nuestro sistema democrático. Quienes ejercen responsabilidades públicas lo hacen en el marco de unas instituciones cuya legitimidad democrática tiene su origen en la voluntad ciudadana y cuya actuación debe estar sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Por eso, las urnas son mucho más que un instrumento para elegir representantes: constituyen también una oportunidad para evaluar su actuación y exigir responsabilidades políticas. Cuando los ciudadanos consideran que quienes ejercen el poder han actuado de espaldas a los principios que deben preservar, tienen en su mano retirarles su confianza y optar por otras alternativas, desde la libertad de criterio y el respeto al pluralismo.

La responsabilidad política no se agota en las explicaciones ni en las declaraciones de condena. También debe medirse por las decisiones adoptadas, por los comportamientos que se respaldan y por la coherencia entre lo que se proclama y lo que finalmente se hace.

No se trata de convertir el voto en un instrumento de revancha, sino de ejercerlo con conciencia, memoria y sentido de la responsabilidad. De comprender que la democracia no termina cuando se cierran las urnas, sino que exige una ciudadanía vigilante, capaz de valorar la conducta de sus representantes y de decidir libremente si merecen renovar su confianza.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero para ello no basta con lamentar lo que sucede: también debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para que no vuelva a suceder.





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