Cuando el fin pretende justificar los medios
La violencia callejera, la doble vara de medir y el peligro de acostumbrarnos a la erosión de los principios del Estado de derecho.
Las imágenes de los actos vandálicos que estamos viendo estos
días en distintas ciudades de España evocan inevitablemente otros episodios que
forman parte de nuestra memoria colectiva. Para quienes vivimos con
preocupación los acontecimientos de octubre de 2017 en Cataluña, resulta
imposible olvidar aquella imagen de los líderes de las organizaciones
independentistas subidos a un vehículo destrozado de la Guardia Civil,
arengando a las masas en medio de un clima de hostilidad que puso en grave
riesgo la seguridad de los agentes y el normal desarrollo de la convivencia.
La comparación entre ambos acontecimientos no pretende
equiparar sus causas, sus reivindicaciones ni sus circunstancias. Sería absurdo
ignorar las diferencias que los separan. La analogía se encuentra en otro
lugar: en la semejanza de unas conductas que, bajo distintas banderas y con
diferentes motivaciones, recurren a la violencia, los enfrentamientos, los
incendios, los destrozos y la intimidación para imponer una determinada
voluntad.
Y es precisamente ahí donde debería situarse nuestra
preocupación. Porque, más allá de quiénes sean los protagonistas, de las
razones que invoquen o de la legitimidad que atribuyan a sus reivindicaciones,
hay una cuestión que no admite demasiadas interpretaciones: ninguna causa, por
legítima que se considere, puede justificar la violencia ni convertir la
vulneración de los derechos ajenos en un instrumento aceptable para alcanzar un
objetivo.
La peligrosa normalización de la violencia
Vivimos tiempos en los que parece que cada vez resulta más
difícil distinguir entre la legítima discrepancia y la intolerancia, entre el
ejercicio de la libertad y el intento de silenciar al adversario. Nos estamos
acostumbrando a contemplar imágenes de calles incendiadas, mobiliario urbano
destruido, agentes atacados y ciudadanos sometidos a situaciones de inseguridad
como si todo ello formara parte inevitable del paisaje político y social.
Lo verdaderamente preocupante no es solo la violencia en sí
misma, sino la facilidad con la que podemos llegar a normalizarla.
¿Nos estamos dando cuenta de que, cuando aceptamos que la
fuerza sustituya a la razón, estamos debilitando algunos de los pilares
fundamentales de nuestro Estado de derecho? ¿Somos conscientes de que, cuando
se impide por la intimidación que otros ciudadanos expresen libremente sus
ideas, no estamos ante una simple protesta, sino ante un ataque directo a las
libertades que sustentan nuestra convivencia democrática?
Una democracia no se mide únicamente por la posibilidad de
votar cada cierto tiempo. Se mide también por la capacidad de garantizar que
cualquier ciudadano, con independencia de sus ideas, pueda expresarse sin
miedo, defender sus propuestas y discrepar de quienes piensan de manera
diferente.
Por eso resulta tan difícil comprender que determinados
colectivos sociales o políticos se muestren ambiguos a la hora de condenar
estos comportamientos o que, en ocasiones, lleguen a justificarlos e incluso a
celebrarlos cuando sus consecuencias perjudican a quienes consideran
adversarios.
La libertad de expresión no consiste en poder gritar más
fuerte que los demás, sino en garantizar que todos puedan expresarse sin miedo
a ser silenciados por la fuerza. Teniendo en cuenta, además, que escuchar al
que discrepa es de inteligentes.
El precedente que alimenta la desconfianza
Es inevitable que, al contemplar estos acontecimientos,
algunos ciudadanos recuerden lo sucedido en Cataluña y se pregunten si estamos
aprendiendo algo de nuestra historia reciente.
Los indultos concedidos a los condenados por el procés y la
posterior aprobación de la Ley Orgánica de amnistía para determinados actos
relacionados con aquel proceso independentista han alimentado un intenso debate
político, jurídico y social. Son decisiones diferentes, con fundamentos y
alcances distintos, pero ambas han suscitado interrogantes sobre los límites de
la respuesta del Estado ante determinadas actuaciones políticas y sobre la
percepción de igualdad ante la ley.
No se trata de afirmar que aquellas decisiones impliquen que
cualquier acto vandálico vaya a quedar impune. Sería una conclusión precipitada
y jurídicamente incorrecta. Se trata de advertir de otro peligro: cuando una
parte de la sociedad percibe que la responsabilidad por determinadas conductas
depende más de la conveniencia política que de la aplicación coherente de la
ley, la confianza en las instituciones se resiente.
Y esa confianza, una vez deteriorada, resulta difícil de
recuperar.
De ahí nace una pregunta incómoda, pero legítima: ¿qué
mensaje estamos transmitiendo cuando determinados comportamientos que en otros
contextos merecerían una condena unánime terminan siendo objeto de
justificaciones, negociaciones o cálculos políticos?
La respuesta institucional ante la violencia debe ser firme,
proporcionada y ajustada a derecho. Ni la impunidad ni la arbitrariedad pueden
constituir el fundamento de una democracia sólida.
El fin no justifica los medios
Llegamos así a la cuestión que, a mi juicio, debería presidir
cualquier reflexión sobre estos acontecimientos.
No pretendo entrar en el debate de quién lanzó la primera
piedra, quién prendió fuego al primer contenedor o quién pudo promover, alentar
o inducir determinados comportamientos. Esas cuestiones deben esclarecerse
mediante las investigaciones correspondientes y, cuando proceda, resolverse en
los tribunales con todas las garantías.
Mi preocupación es otra: que terminemos aceptando que la
finalidad perseguida pueda servir para justificar los medios empleados para
alcanzarla.
Si se admite que la violencia es tolerable cuando se invoca
una causa política, social o ideológica, ¿qué impedirá que otros recurran a
ella para defender sus propias convicciones? Si aceptamos que la intimidación
es legítima cuando se dirige contra quienes no piensan como nosotros, ¿con qué
autoridad moral podremos exigir después respeto para nuestras propias
libertades?
La respuesta no puede depender de las circunstancias ni de la
identidad de quienes protagonizan los hechos.
El principio de que el fin no justifica los medios constituye
una exigencia ética fundamental, aunque no sea una fórmula literal recogida
como tal en la Constitución Española. Su contenido encuentra reflejo en los
valores y principios constitucionales, en el sometimiento de todos a la ley y
al derecho, y en la protección de los derechos fundamentales y las libertades
públicas.
Nuestra Carta Magna no ampara una libertad que permita
destruir la de los demás, ni una reivindicación que autorice a imponer por la
fuerza aquello que no se consigue mediante los cauces democráticos.
Porque el Estado de derecho no consiste en que la ley se
aplique únicamente cuando nos conviene, sino en aceptar que sus límites también
nos obligan cuando entran en conflicto con nuestros intereses, nuestras ideas o
nuestras aspiraciones.
Y esa obligación alcanza a todos: ciudadanos, organizaciones,
representantes políticos e instituciones.
Todavía estamos a tiempo
Quizá el mayor peligro no sea únicamente la violencia de
quienes destrozan, incendian o agreden, sino también la indiferencia de quienes
contemplan esos comportamientos como algo inevitable, la tibieza de quienes
deberían condenarlos sin reservas y la tentación de quienes creen que siempre
existe una buena razón para justificar a los propios.
Pero identificar estos riesgos no es suficiente. También
debemos preguntarnos qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que
determinados comportamientos se perpetúen y que la falta de coherencia entre
los principios proclamados y las actuaciones de quienes nos representan termine
convirtiéndose en una práctica asumida.
Nuestra Constitución establece en su artículo 1.2 que «La
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado». No es una declaración retórica, sino uno de los fundamentos de nuestro
sistema democrático. Quienes ejercen responsabilidades públicas lo hacen en el
marco de unas instituciones cuya legitimidad democrática tiene su origen en la
voluntad ciudadana y cuya actuación debe estar sometida a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico.
Por eso, las urnas son mucho más que un instrumento para
elegir representantes: constituyen también una oportunidad para evaluar su
actuación y exigir responsabilidades políticas. Cuando los ciudadanos
consideran que quienes ejercen el poder han actuado de espaldas a los
principios que deben preservar, tienen en su mano retirarles su confianza y
optar por otras alternativas, desde la libertad de criterio y el respeto al
pluralismo.
La responsabilidad política no se agota en las explicaciones
ni en las declaraciones de condena. También debe medirse por las decisiones
adoptadas, por los comportamientos que se respaldan y por la coherencia entre
lo que se proclama y lo que finalmente se hace.
No se trata de convertir el voto en un instrumento de
revancha, sino de ejercerlo con conciencia, memoria y sentido de la
responsabilidad. De comprender que la democracia no termina cuando se cierran
las urnas, sino que exige una ciudadanía vigilante, capaz de valorar la
conducta de sus representantes y de decidir libremente si merecen renovar su
confianza.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero para ello
no basta con lamentar lo que sucede: también debemos asumir la responsabilidad
que nos corresponde para que no vuelva a suceder.


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