La prudencia también forma parte del debate público

Vivimos un tiempo en el que cada nuevo episodio relacionado con presuntas tramas de corrupción alimenta un debate público cada vez más polarizado. Las posiciones parecen estar previamente fijadas y, en demasiadas ocasiones, los hechos pasan a un segundo plano frente a la necesidad de defender una determinada trinchera ideológica. Así, no resulta extraño asistir a interpretaciones que fuerzan la realidad hasta límites difícilmente compatibles con un análisis sereno.

No pretendo sumarme a ese intercambio de consignas en el que unos buscan minimizar cualquier indicio comprometedor mientras otros dictan sentencias antes incluso de que concluyan las investigaciones. Sin embargo, sí considero oportuno introducir dos reflexiones que, pese a la abundancia de tertulias, artículos y debates, apenas han encontrado espacio en la conversación pública.

La primera tiene que ver con las críticas dirigidas contra las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de las investigaciones judiciales. En determinados sectores se ha instalado la idea de que estos equipos actúan con una intencionalidad política o que impulsan por iniciativa propia determinadas causas. Sin embargo, conviene recordar cuál es su verdadera función.

Cuando actúan como Policía Judicial, estos investigadores lo hacen bajo la dirección y supervisión de la autoridad judicial competente y, en su caso, del ministerio fiscal, desarrollando diligencias dentro de un procedimiento legalmente establecido. No son ellos quienes deciden el recorrido procesal de una causa ni quienes convierten una sospecha en una condena. Su labor consiste en recopilar indicios, elaborar informes y ponerlos a disposición del órgano judicial.

Es igualmente importante recordar que esos informes no constituyen por sí mismos una prueba definitiva. Su contenido debe ser sometido al análisis crítico del juez, de las partes y, llegado el momento, al principio de contradicción propio del proceso penal. Será la autoridad judicial quien valore su consistencia, determine su relevancia y decida si forman parte del conjunto probatorio o si, por el contrario, carecen de la entidad suficiente.

Por ello, desacreditar sistemáticamente a los investigadores únicamente porque sus conclusiones resulten incómodas para unos u otros supone erosionar la confianza en un mecanismo esencial del Estado de derecho. Del mismo modo que sería improcedente otorgar a cualquier informe un valor absoluto, tampoco parece razonable convertir a quienes lo elaboran en objeto de una campaña de descrédito cuando simplemente cumplen con la función que la ley les encomienda.

La segunda reflexión se refiere a la forma en que algunas personas afectadas por determinadas investigaciones gestionan su defensa en el ámbito público. Es perfectamente legítimo negar unos hechos, ofrecer explicaciones o rebatir acusaciones. Lo llamativo es que, en ocasiones, el debate termina centrándose exclusivamente en la existencia o no de determinados encuentros, en el número de reuniones o en el contenido que supuestamente se trató en ellas, mientras se pasa por alto una cuestión previa que quizá merecería mayor atención.

Cuando una persona que ocupa un cargo de relevancia institucional reconoce finalmente haber mantenido contactos con alguien posteriormente vinculado a una investigación, pero insiste en precisar que dichos encuentros nunca tuvieron lugar en dependencias oficiales y que versaron sobre asuntos irrelevantes, la discusión suele girar en torno a la credibilidad de esa explicación.

Sin embargo, cabe formular una pregunta distinta: si se trataba de reuniones ordinarias, carentes de trascendencia y compatibles con el ejercicio normal de las responsabilidades públicas, ¿por qué no se desarrollaron en los espacios institucionales habilitados precisamente para ello? No se trata de afirmar irregularidad alguna ni de extraer conclusiones precipitadas, sino de señalar que el contexto en el que se producen determinados contactos también forma parte de la valoración que la ciudadanía hace de la transparencia en la gestión pública.

En una democracia madura, la ejemplaridad no consiste únicamente en respetar la legalidad, sino también en evitar comportamientos que puedan generar dudas razonables o alimentar sospechas innecesarias. La transparencia protege tanto a las instituciones como a quienes las representan.

Quizá el verdadero problema del debate actual sea que con demasiada frecuencia se confunde la defensa de unas siglas con la defensa de unos principios. Se cuestionan las investigaciones cuando afectan a los propios y se ensalzan cuando perjudican al adversario; se exige rigor a los jueces en unos casos y se pone en duda su independencia en otros; se reclama prudencia para unos mientras se dicta condena anticipada para los contrarios.

La corrupción, cuando existe, no entiende de ideologías. Tampoco debería hacerlo la exigencia de responsabilidades ni el respeto a las instituciones encargadas de investigarla. Mantener esa coherencia es, probablemente, una de las mejores garantías para preservar la confianza ciudadana en el Estado de derecho.

Porque al final, más allá de nombres concretos y coyunturas políticas pasajeras, lo verdaderamente importante es que las investigaciones se desarrollen con independencia, que los tribunales actúen con plena autonomía y que el debate público no renuncie a la lógica y al sentido crítico en favor del fanatismo. Solo así será posible distinguir entre la legítima defensa política y la necesaria defensa de las instituciones democráticas.

 


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