La prudencia también forma parte del debate público
Vivimos un tiempo en el que cada nuevo episodio relacionado con presuntas tramas de corrupción alimenta un debate público cada vez más polarizado. Las posiciones parecen estar previamente fijadas y, en demasiadas ocasiones, los hechos pasan a un segundo plano frente a la necesidad de defender una determinada trinchera ideológica. Así, no resulta extraño asistir a interpretaciones que fuerzan la realidad hasta límites difícilmente compatibles con un análisis sereno.
No pretendo sumarme a ese intercambio de consignas en el que
unos buscan minimizar cualquier indicio comprometedor mientras otros dictan
sentencias antes incluso de que concluyan las investigaciones. Sin embargo, sí
considero oportuno introducir dos reflexiones que, pese a la abundancia de
tertulias, artículos y debates, apenas han encontrado espacio en la
conversación pública.
La primera tiene que ver con las críticas dirigidas contra
las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
encargadas de las investigaciones judiciales. En determinados sectores se ha
instalado la idea de que estos equipos actúan con una intencionalidad política
o que impulsan por iniciativa propia determinadas causas. Sin embargo, conviene
recordar cuál es su verdadera función.
Cuando actúan como Policía Judicial, estos investigadores lo
hacen bajo la dirección y supervisión de la autoridad judicial competente y, en
su caso, del ministerio fiscal, desarrollando diligencias dentro de un
procedimiento legalmente establecido. No son ellos quienes deciden el recorrido
procesal de una causa ni quienes convierten una sospecha en una condena. Su
labor consiste en recopilar indicios, elaborar informes y ponerlos a
disposición del órgano judicial.
Es igualmente importante recordar que esos informes no
constituyen por sí mismos una prueba definitiva. Su contenido debe ser sometido
al análisis crítico del juez, de las partes y, llegado el momento, al principio
de contradicción propio del proceso penal. Será la autoridad judicial quien
valore su consistencia, determine su relevancia y decida si forman parte del
conjunto probatorio o si, por el contrario, carecen de la entidad suficiente.
Por ello, desacreditar sistemáticamente a los investigadores
únicamente porque sus conclusiones resulten incómodas para unos u otros supone
erosionar la confianza en un mecanismo esencial del Estado de derecho. Del
mismo modo que sería improcedente otorgar a cualquier informe un valor
absoluto, tampoco parece razonable convertir a quienes lo elaboran en objeto de
una campaña de descrédito cuando simplemente cumplen con la función que la ley
les encomienda.
La segunda reflexión se refiere a la forma en que algunas
personas afectadas por determinadas investigaciones gestionan su defensa en el
ámbito público. Es perfectamente legítimo negar unos hechos, ofrecer
explicaciones o rebatir acusaciones. Lo llamativo es que, en ocasiones, el
debate termina centrándose exclusivamente en la existencia o no de determinados
encuentros, en el número de reuniones o en el contenido que supuestamente se
trató en ellas, mientras se pasa por alto una cuestión previa que quizá merecería
mayor atención.
Cuando una persona que ocupa un cargo de relevancia
institucional reconoce finalmente haber mantenido contactos con alguien
posteriormente vinculado a una investigación, pero insiste en precisar que
dichos encuentros nunca tuvieron lugar en dependencias oficiales y que versaron
sobre asuntos irrelevantes, la discusión suele girar en torno a la credibilidad
de esa explicación.
Sin embargo, cabe formular una pregunta distinta: si se
trataba de reuniones ordinarias, carentes de trascendencia y compatibles con el
ejercicio normal de las responsabilidades públicas, ¿por qué no se
desarrollaron en los espacios institucionales habilitados precisamente para
ello? No se trata de afirmar irregularidad alguna ni de extraer conclusiones
precipitadas, sino de señalar que el contexto en el que se producen
determinados contactos también forma parte de la valoración que la ciudadanía
hace de la transparencia en la gestión pública.
En una democracia madura, la ejemplaridad no consiste
únicamente en respetar la legalidad, sino también en evitar comportamientos que
puedan generar dudas razonables o alimentar sospechas innecesarias. La
transparencia protege tanto a las instituciones como a quienes las representan.
Quizá el verdadero problema del debate actual sea que con
demasiada frecuencia se confunde la defensa de unas siglas con la defensa de
unos principios. Se cuestionan las investigaciones cuando afectan a los propios
y se ensalzan cuando perjudican al adversario; se exige rigor a los jueces en
unos casos y se pone en duda su independencia en otros; se reclama prudencia
para unos mientras se dicta condena anticipada para los contrarios.
La corrupción, cuando existe, no entiende de ideologías.
Tampoco debería hacerlo la exigencia de responsabilidades ni el respeto a las
instituciones encargadas de investigarla. Mantener esa coherencia es,
probablemente, una de las mejores garantías para preservar la confianza
ciudadana en el Estado de derecho.
Porque al final, más allá de nombres concretos y coyunturas
políticas pasajeras, lo verdaderamente importante es que las investigaciones se
desarrollen con independencia, que los tribunales actúen con plena autonomía y
que el debate público no renuncie a la lógica y al sentido crítico en favor del
fanatismo. Solo así será posible distinguir entre la legítima defensa política
y la necesaria defensa de las instituciones democráticas.

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