La memoria selectiva: la Guardia Civil y las víctimas que no cuentan
No deja de ser otra llamativa paradoja —una más— del momento político actual que, mientras se multiplican los discursos institucionales sobre memoria, convivencia y reparación, se mantenga un silencio cada vez menos disimulado sobre quienes durante décadas fueron objetivo prioritario del terrorismo en España: los miembros de la Guardia Civil.
Digo paradoja porque algunos de los mismos actores que hoy se
erigen en guardianes del relato democrático comparten espacio político,
influencia parlamentaria o intereses estratégicos con quienes nunca han
condenado de forma clara y expresa la violencia que segó la vida de cientos de
agentes. Más de doscientas víctimas mortales en el seno de la Guardia Civil a
manos de ETA, muchas de ellas jóvenes destinados en territorios especialmente
hostiles, siguen formando parte de una memoria incómoda que no encaja bien en
determinados equilibrios.
Conviene hacer también algunas precisiones sobre el concepto
de memoria y su uso político. No existe en nuestro ordenamiento jurídico un
“deber de memoria” como tal, pero sí un conjunto de normas, reconocimientos y
políticas públicas destinadas a preservar la dignidad de las víctimas del
terrorismo. Sin embargo, la aplicación práctica de ese principio parece
depender cada vez más de criterios de oportunidad que de una verdadera voluntad
de justicia.
En este contexto se ha anunciado una nueva herramienta
institucional, HODIO, destinada a medir la presencia, evolución y alcance de
los contenidos de odio, con el propósito declarado de que sus resultados se
hagan públicos para que “todo el mundo sepa quién frena estos contenidos, quién
mira para otro lado y quién hace negocio con ello”. La iniciativa, en sí misma,
podría resultar pertinente en una sociedad que aspira a proteger la
convivencia. Pero precisamente por eso exige una aplicación coherente y no selectiva.
Porque si hablamos de memoria, habrá que hablar de toda la
memoria. Y eso incluye no solo el recuerdo abstracto de las víctimas, sino
también la condena inequívoca de quienes las causaron, la colaboración efectiva
para esclarecer los crímenes aún sin resolver y el rechazo frontal de cualquier
forma de enaltecimiento o blanqueamiento.
Todavía hoy, en distintos puntos del País Vasco y Navarra, no
son extraños los actos de homenaje a antiguos miembros de ETA, ni las
manifestaciones simbólicas contra la presencia de la Guardia Civil. Carteles,
pintadas o concentraciones que, lejos de ser anecdóticas, forman parte de un
clima que dificulta una verdadera reconciliación basada en la verdad. ¿Serán
también estos hechos objeto de medición por esa herramienta? ¿Se señalará quién
los tolera, quién los justifica o quién, sencillamente, prefiere no verlos?
Porque si atendemos al espíritu de la ley, no basta con
perseguir determinados discursos en redes sociales mientras se mira hacia otro
lado cuando se legitima, de forma más o menos explícita, la violencia ejercida
durante décadas contra un colectivo concreto. Y la Guardia Civil lo fue.
Se dirá que el tiempo ha pasado, que la sociedad ha
evolucionado, que es necesario mirar hacia adelante. Pero mirar hacia adelante
no puede significar reescribir el pasado ni establecer jerarquías implícitas
entre víctimas que merecen ser recordadas y otras que parecen condenadas a una
discreción casi obligada.
Y qué decir del relato que se está consolidando en algunos
ámbitos educativos y culturales, donde la historia del terrorismo se presenta
de forma edulcorada, desprovista de responsabilidades claras y, en ocasiones,
con una preocupante equidistancia moral. ¿Dónde quedan ahí los guardias civiles
asesinados? ¿Dónde sus familias? ¿Dónde el reconocimiento explícito de que
fueron objetivo por lo que representaban: el Estado de derecho?
Porque si de verdad se quiere construir una memoria
compartida, esta no puede basarse en silencios selectivos ni en olvidos
interesados. La memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino un compromiso
con el presente. Y ese compromiso exige reconocer sin matices a quienes pagaron
con su vida la defensa de la legalidad democrática.
De lo contrario, corremos el riesgo de que, bajo la
apariencia de convivencia, se consolide una memoria incompleta. Y una memoria
incompleta no es memoria: es relato.


Comentarios
Publicar un comentario