La memoria selectiva: la Guardia Civil y las víctimas que no cuentan


No deja de ser otra llamativa paradoja —una más— del momento político actual que, mientras se multiplican los discursos institucionales sobre memoria, convivencia y reparación, se mantenga un silencio cada vez menos disimulado sobre quienes durante décadas fueron objetivo prioritario del terrorismo en España: los miembros de la Guardia Civil.

Digo paradoja porque algunos de los mismos actores que hoy se erigen en guardianes del relato democrático comparten espacio político, influencia parlamentaria o intereses estratégicos con quienes nunca han condenado de forma clara y expresa la violencia que segó la vida de cientos de agentes. Más de doscientas víctimas mortales en el seno de la Guardia Civil a manos de ETA, muchas de ellas jóvenes destinados en territorios especialmente hostiles, siguen formando parte de una memoria incómoda que no encaja bien en determinados equilibrios.

Conviene hacer también algunas precisiones sobre el concepto de memoria y su uso político. No existe en nuestro ordenamiento jurídico un “deber de memoria” como tal, pero sí un conjunto de normas, reconocimientos y políticas públicas destinadas a preservar la dignidad de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, la aplicación práctica de ese principio parece depender cada vez más de criterios de oportunidad que de una verdadera voluntad de justicia.

En este contexto se ha anunciado una nueva herramienta institucional, HODIO, destinada a medir la presencia, evolución y alcance de los contenidos de odio, con el propósito declarado de que sus resultados se hagan públicos para que “todo el mundo sepa quién frena estos contenidos, quién mira para otro lado y quién hace negocio con ello”. La iniciativa, en sí misma, podría resultar pertinente en una sociedad que aspira a proteger la convivencia. Pero precisamente por eso exige una aplicación coherente y no selectiva.

Porque si hablamos de memoria, habrá que hablar de toda la memoria. Y eso incluye no solo el recuerdo abstracto de las víctimas, sino también la condena inequívoca de quienes las causaron, la colaboración efectiva para esclarecer los crímenes aún sin resolver y el rechazo frontal de cualquier forma de enaltecimiento o blanqueamiento.

Todavía hoy, en distintos puntos del País Vasco y Navarra, no son extraños los actos de homenaje a antiguos miembros de ETA, ni las manifestaciones simbólicas contra la presencia de la Guardia Civil. Carteles, pintadas o concentraciones que, lejos de ser anecdóticas, forman parte de un clima que dificulta una verdadera reconciliación basada en la verdad. ¿Serán también estos hechos objeto de medición por esa herramienta? ¿Se señalará quién los tolera, quién los justifica o quién, sencillamente, prefiere no verlos?

Porque si atendemos al espíritu de la ley, no basta con perseguir determinados discursos en redes sociales mientras se mira hacia otro lado cuando se legitima, de forma más o menos explícita, la violencia ejercida durante décadas contra un colectivo concreto. Y la Guardia Civil lo fue.

Se dirá que el tiempo ha pasado, que la sociedad ha evolucionado, que es necesario mirar hacia adelante. Pero mirar hacia adelante no puede significar reescribir el pasado ni establecer jerarquías implícitas entre víctimas que merecen ser recordadas y otras que parecen condenadas a una discreción casi obligada.

Y qué decir del relato que se está consolidando en algunos ámbitos educativos y culturales, donde la historia del terrorismo se presenta de forma edulcorada, desprovista de responsabilidades claras y, en ocasiones, con una preocupante equidistancia moral. ¿Dónde quedan ahí los guardias civiles asesinados? ¿Dónde sus familias? ¿Dónde el reconocimiento explícito de que fueron objetivo por lo que representaban: el Estado de derecho?

Porque si de verdad se quiere construir una memoria compartida, esta no puede basarse en silencios selectivos ni en olvidos interesados. La memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino un compromiso con el presente. Y ese compromiso exige reconocer sin matices a quienes pagaron con su vida la defensa de la legalidad democrática.

De lo contrario, corremos el riesgo de que, bajo la apariencia de convivencia, se consolide una memoria incompleta. Y una memoria incompleta no es memoria: es relato.



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